La Paz, 14 de noviembre de 2023 (CENCAP).-  

Con el propósito de atender las necesidades de capacitación de las Unidades de Auditoría Interna de las entidades del ámbito central, departamental, municipal y empresas públicas, el Centro de Capacitación CENCAP de la Contraloría General del Estado (CGE), programó un ciclo de talleres presenciales a nivel nacional entre el 14 de noviembre y el 6 de diciembre, en la temática de Auditoría de Cumplimiento, iniciando hoy con las entidades de Chuquisaca y Beni.

Estos talleres forman parte de la programación prevista por el CENCAP para capacitar en eventos focalizados a los profesionales involucrados en la auditoría, quienes requieren una clara comprensión de las operaciones, actividades y unidades a analizar, de los riesgos a enfrentar y deben ser capaces de determinar el procedimiento, metodología, técnicas e instrumentos a utilizar, de acuerdo a la normativa establecida.

A la conclusión de dos jornadas, los participantes estarán en capacidad de aplicar conocimientos teóricos y técnicos metodológicos para planificar una Auditoría de Cumplimiento, reconociendo sus características según la normativa específica; elaborando una “Matriz de Planificación” en consideración de problemas, riesgos, enfoque y metodología; y utilizando un “Memorándum de Planificación de Auditoría” de acuerdo a sus características y estructura.

Las capacitaciones iniciadas en la fecha están a cargo de la Lic. Olga Suárez Jiménez, Subcontralora de Gobiernos Departamentales, para las entidades de Chuquisaca; y de la Lic. Sandra Quiroga Solano, Subcontralora del Nivel Central  en Beni. Junto a otras autoridades se constituirán en los diferentes departamentos para realizar los talleres y abarcar el nivel nacional.

La Auditoría de Cumplimiento según las Disposiciones Generales de la norma aprobada por Resolución CGE/068/2021 de fecha 29/09/2021, “es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico y administrativo y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales y/o el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso de recursos económicos administrados por la entidad, en cuanto al resultado de la operación, pudiendo dar lugar al establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública”.